El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que los dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente en Chihuahua, tras su presunta participación en un operativo contra el narcotráfico, no contaban con acreditación formal para realizar actividades operativas en el país.

Las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Relaciones Exteriores, junto con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, expresaron condolencias por la muerte de cuatro personas —dos elementos estatales y dos extranjeros— en el accidente ocurrido el 19 de abril.

De acuerdo con los registros migratorios, uno de los estadounidenses ingresó como visitante sin permiso para actividades remuneradas y el otro con pasaporte diplomático. Sin embargo, ninguno tenía autorización para participar en operativos en territorio nacional.

El Gobierno federal señaló que no tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en acciones operativas en México. Por ello, el Gabinete de Seguridad realiza revisiones en coordinación con autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos.

Además, reiteró que la legislación mexicana prohíbe la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del país y subrayó que la cooperación en seguridad debe basarse en intercambio de información, coordinación institucional y respeto a la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó generar un conflicto con Estados Unidos, pero solicitó aclarar bajo qué condiciones se dio la participación de los agentes. Indicó que cualquier colaboración debe ser autorizada por el Ejecutivo federal y advirtió que una intervención sin permiso podría violar la Constitución.

También señaló al Gobierno de Chihuahua por presuntamente solicitar apoyo sin informar a instancias federales.

Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos anunció la creación de una unidad especial de investigación para esclarecer el caso, la cual estará encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva. Indicó que no se darán detalles para no afectar el proceso, aunque reafirmó el combate al crimen organizado.

El caso ha generado debate sobre los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, en medio de presiones para reforzar acciones contra el narcotráfico y la postura del Gobierno mexicano de evitar cualquier subordinación o intervención extranjera en su territorio.