Diputados de Morena presentaron una iniciativa para posponer de 2027 a 2028 la elección de jueces, argumentando que su coincidencia con otros procesos electorales genera “riesgos institucionales”.

El proyecto, firmado por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar y otros legisladores, advierte posibles problemas como menor deliberación pública sobre los perfiles, saturación de información para el electorado, incremento del voto desinformado, politización de las candidaturas judiciales y presión operativa y financiera para la autoridad electoral.

La propuesta plantea que la elección de personas juzgadoras tenga un proceso propio, y busca además fortalecer la independencia judicial y mejorar la organización electoral.

Entre los cambios, se propone exigir una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como establecer criterios de evaluación técnica estandarizada y eliminar requisitos como promedios académicos específicos.

También se plantea aumentar a 10 años la experiencia profesional en el ámbito jurídico, con requisitos adicionales para algunos cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde parte de esa experiencia deberá ser dentro del Poder Judicial.

La iniciativa propone modificar la integración de la Corte, mantener nueve ministras y ministros, y establecer que la presidencia sea rotatoria cada dos años según la votación obtenida.

Asimismo, se eliminan restricciones como haber ocupado ciertos cargos públicos o haber militado en partidos políticos recientemente para poder aspirar a ser ministro.

En el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral sería el encargado de la convocatoria, mientras que un Comité Único de Evaluación seleccionaría a las personas mejor evaluadas mediante exámenes de conocimientos aplicados por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

El proyecto también indica que el Senado dejaría de participar en la designación de cargos y será turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su discusión.