Un juez de control declaró legal la detención de Juan Jesús “N”, de 24 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado en un inmueble ubicado en avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

En la audiencia inicial realizada el sábado, el juez dictó prisión preventiva como medida cautelar, por lo que el acusado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

A solicitud de la defensa, se concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir su vinculación a proceso continuará el miércoles 22 de abril.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la Fiscalía capitalina sostiene que el imputado, quien trabajaba como vigilante del edificio desde hacía aproximadamente tres meses, habría agredido a la víctima con un desarmador y después ocultado su cuerpo en el sótano. En el lugar también se encontraron manchas de sangre en la caseta de vigilancia.

Entre los elementos recabados se incluyen un informe de criminalística y un dictamen médico forense preliminar. Este último indica que la causa de muerte habría sido por golpes severos, aunque se realizará una necropsia para confirmar tanto la causa como la hora del fallecimiento.

El abogado defensor, Julián González, argumentó que las pruebas presentadas no son suficientes para acreditar la responsabilidad de su cliente.

Además, señaló que el detenido presentaba lesiones físicas que presuntamente le fueron causadas tras su captura, por lo que buscará activar un protocolo por posible tortura. También afirmó contar con un video en el que, según dijo, aparece otra persona entrando al edificio con distintas mujeres.

Edith Guadalupe acudió el 15 de abril al inmueble marcado con el número 829 de avenida Revolución tras recibir una oferta laboral, y su desaparición fue reportada al día siguiente.

Fue localizada sin vida la madrugada del viernes en el sótano del edificio, y esa misma noche fue detenido el vigilante. Sus restos fueron velados en una ceremonia privada en Iztapalapa.

Familiares de la víctima denunciaron que funcionarios públicos les habrían solicitado dinero para iniciar o acelerar las investigaciones.

Ante ello, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que los agentes señalados fueron separados de sus funciones y que se abrieron investigaciones para determinar si hubo irregularidades o retrasos en el caso.