Víctimas y sobrevivientes de la Iglesia de la Luz del Mundo denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) decidió cerrar la investigación iniciada en 2019 al concluir que los hechos denunciados no encuadran en los delitos de trata de personas ni delincuencia organizada. Ante esta determinación, las afectadas anunciaron que impugnarán el fallo.

De acuerdo con Sóchil Martin, Sharim Guzmán y Ada Camarena, el Ministerio Público federal resolvió el no ejercicio de la acción penal bajo el argumento de que las conductas investigadas no corresponden jurídicamente a esos delitos.

Sin embargo, señalaron que esta decisión no fue difundida públicamente de forma completa, sino que se conoció tras revisar el expediente, lo que motivó su inconformidad ante el Poder Judicial.

Las denunciantes indicaron que la investigación se sustentó en testimonios de personas que lograron salir de la organización religiosa, quienes describieron presuntos mecanismos de control interno, coerción y manipulación psicológica, así como casos de abuso sexual y explotación, principalmente contra menores de edad y jóvenes. Estos relatos, afirmaron, formaron parte de la carpeta de investigación durante varios años.

Ada Camarena cuestionó la resolución al considerar que existe una contradicción, ya que la Fiscalía reconoce la existencia de conductas que podrían ser delito, pero concluye que no encajan en ningún tipo penal. Señaló que esta interpretación deja sin continuidad las líneas de investigación relacionadas con trata de personas y delincuencia organizada.

Por su parte, Sóchil Martin y Sharim Guzmán destacaron que sus testimonios fueron clave para documentar el funcionamiento interno de la iglesia e incluso sirvieron como referencia en procesos judiciales en Estados Unidos contra el líder de la organización, Naasón Joaquín García, quien fue condenado por delitos sexuales contra menores.

Las víctimas sostienen que en México denunciaron la existencia de una red de trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil que, aseguran, continúa operando sin sanción.

También afirmaron que el caso no corresponde a hechos aislados, sino a una posible estructura sistemática que habría funcionado durante años mediante mecanismos de control interno, jerarquías cerradas y presunta protección externa.

En su posicionamiento, señalaron que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó en 2020 seis cuentas bancarias vinculadas con la organización por más de 300 millones de pesos, como parte de indagatorias por lavado de dinero, elemento que consideran no fue valorado adecuadamente.

Asimismo, mencionaron la detención en 2025 de 38 personas en Michoacán, presuntamente integrantes de un grupo interno denominado “Yaser”, al que describen como una guardia con posible entrenamiento paramilitar. Según su versión, este grupo operaba en zonas con presencia del crimen organizado, lo que refuerza, dicen, la hipótesis de delincuencia organizada.

Pese a estos elementos, la Fiscalía determinó cerrar el caso, lo que derivó en la impugnación de las víctimas.

El asunto será revisado por un juez federal el 16 de abril de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, donde se definirá si la decisión se mantiene o si la investigación debe reabrirse.

Las denunciantes señalaron que esta audiencia será clave, ya que permitirá evaluar si la resolución ministerial consideró de manera integral las pruebas presentadas o si es necesario continuar con las indagatorias.