El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) señaló que la crisis de desapariciones en México no es reciente y persiste hasta la actualidad.
Su informe más reciente, que analiza información acumulada desde 2012, ubica el inicio del aumento de estos casos en 2006, durante la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón, conocida como la “guerra contra el narcotráfico”.
Según el CED, del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025 se registraron 28,880 desapariciones, mientras que el total acumulado hasta el 19 de febrero de 2026 supera las 132,400 personas desaparecidas o no localizadas.
El informe también documenta un aumento de restos humanos sin identificar, que pasaron de 52,000 en 2021 a alrededor de 72,000 a inicios de 2026, y concentra fosas clandestinas en estados como Sonora, Veracruz y Tamaulipas.
El Comité destacó incrementos alarmantes en ciertos estados: en Guanajuato, las desapariciones se multiplicaron por ocho entre 2017 y 2025, y en Tabasco, niñas y jóvenes han sido las principales víctimas en 2024 y 2025. También se analizaron casos emblemáticos de Coahuila, Veracruz y Nayarit para identificar patrones de violencia.
A partir de su análisis, el CED concluyó que existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones forzadas se cometen en México como crímenes de lesa humanidad, involucrando tanto a autoridades como a organizaciones criminales. Sin embargo, no encontró evidencia de una política federal que promueva estos crímenes de manera sistemática.
El Estado mexicano rechazó las conclusiones del Comité, señalando que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 en solo cuatro estados, y que omite información actualizada sobre los esfuerzos gubernamentales.
Entre estas acciones, México mencionó la Ley General de Desaparición Forzada (2017, actualizada en 2025), la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, fiscalías especializadas y comisiones de búsqueda.
El CED reconoció estas medidas, pero advirtió que no han sido suficientes para revertir la tendencia. Destacó la persistencia del aumento de desapariciones, la impunidad de los responsables, la crisis forense y la falta de apoyo a las familias de las víctimas.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, subrayó que los objetivos deben seguir siendo prevenir desapariciones, localizar a las personas desaparecidas, investigar los casos y erradicar el fenómeno, siempre con respeto institucional, pese a los desacuerdos con las conclusiones del informe.
