La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma constitucional que establece un límite a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en empresas del Estado, organismos públicos, la banca de desarrollo y otros entes dependientes del presupuesto.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzó pese a las protestas de jubilados en los accesos del Palacio Legislativo y a las advertencias de la oposición sobre posibles efectos retroactivos. El dictamen fue aprobado por unanimidad, con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Anteriormente, la propuesta había sido aprobada en el Senado el 11 de marzo con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades de crédito, fideicomisos y demás entes públicos no podrán superar la mitad del salario del Presidente de la República, aproximadamente 70,000 pesos.

Además, se establece que contratos y disposiciones laborales no podrán fijar condiciones superiores a este límite.

Quedan excluidas de esta medida las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales y aquellas constituidas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios.

El partido gobernante, Morena, defendió que la reforma no elimina el derecho a la pensión, sino que busca corregir privilegios financiados con recursos públicos y fortalecer la austeridad, calificando estas percepciones como “pensiones doradas”.

Sus aliados, los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), coincidieron en que el sistema “no debe ser espacio para excesos” y que los recursos liberados pueden destinarse a otras prioridades públicas.

Por su parte, la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC)— apoyó el objetivo de eliminar pensiones millonarias, pero criticó los transitorios por el posible impacto en personas ya jubiladas.

Diputados como Noemí Luna (PAN) y César Domínguez (PRI) advirtieron sobre riesgos de retroactividad y afectación a derechos adquiridos, mientras que representantes de MC señalaron que esto podría generar amparos e incertidumbre jurídica. Incluso, la diputada Lilia Aguilar (PT) anunció una reserva para proteger a quienes obtuvieron legalmente su pensión.

Tras la aprobación en lo general, el pleno discutirá las reservas. Si la Cámara de Diputados confirma el texto final, la reforma deberá ser avalada por la mayoría de las legislaturas estatales antes de enviarse al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.