El debate sobre la reforma electoral sigue generando tensiones entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), debido a la propuesta de reducir el financiamiento a los partidos y modificar la elección de los diputados plurinominales.

El dirigente del PT, Alberto Anaya, afirmó que no permitirán ningún retroceso democrático en México y rechazó el regreso de lo que llamó “el viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018”.

Destacó que su partido buscará proteger la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos. En un comunicado, Anaya recordó que los avances democráticos alcanzados por las izquierdas desde 1977 y 1996 fueron fruto de “innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados”.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha expresado preocupación por la reducción de los diputados plurinominales, advirtiendo que podría afectar la representación de las minorías.

Según el partido, la disminución de escaños de representación proporcional limitaría la diversidad de voces en el Congreso y favorecería la concentración del poder en un solo partido, debilitando los contrapesos necesarios en un Estado que debe garantizar pluralidad de ideas.

Las diferencias entre los integrantes del bloque mayoritario se centran en la propuesta presidencial de reducir el financiamiento a los partidos y cambiar la forma en que se eligen los diputados plurinominales.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la presentación de la iniciativa no generará inestabilidad política ni económica.

Añadió que su grupo respaldará a la presidenta Claudia Sheinbaum y continuará el diálogo con el PT, PVEM y legisladores de otros partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Desde la oposición, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, calificó de retroceso la posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), creado tras la crisis de confianza de la elección presidencial de 1988 para garantizar rapidez y transparencia en los resultados.

En tanto, el dirigente del PAN, Jorge Romero, coincidió en la necesidad de ajustar las leyes electorales, pero advirtió que no se pueden hacer cambios sin atender primero la influencia del crimen organizado en los comicios.