La Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos destinados al sector salud estatal.
De acuerdo con un comunicado, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, presentó datos de prueba considerados contundentes ante la autoridad judicial.
Tras una audiencia de más de 10 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Según la FGR, los recursos señalados fueron transferidos por la Tesorería de la Federación al gobierno de Veracruz y posteriormente redirigidos al pago de nómina y otros compromisos financieros. Además, la institución sostuvo que Duarte firmó un decreto que permitió utilizar fondos destinados a personas en situación vulnerable, lo que habría facilitado su uso en otros rubros.
La defensa del exmandatario cuestionó la validez de los testimonios y la integración del delito, y adelantó que analiza presentar una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial por la actuación del juez. También argumentó que el decreto del 19 de diciembre de 2011 no ordena emplear recursos federales etiquetados, sino aportaciones de libre disposición.
Asimismo, sostuvo que el delito habría prescrito el 8 de octubre de 2020 y solicitó la no vinculación con efectos de sobreseimiento. No obstante, el juez determinó que la prescripción ocurriría el 31 de agosto de este año.
En una audiencia previa realizada el 12 de febrero, Duarte negó haber desviado recursos y defendió las decisiones tomadas durante su administración. Aseguró que instruyó priorizar recursos de libre aplicación y afirmó que no existe indicio alguno de desvío de fondos federales.
Cabe recordar que en 2018 fue condenado a nueve años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en un proceso donde se le señaló por el uso de empresas fantasma y el presunto desvío de más de mil 670 millones de pesos.
Aunque su liberación por esa sentencia estaba prevista para el 15 de abril, permanecerá en prisión debido a este nuevo proceso, que podría implicar una pena de hasta 14 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.
