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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) optaron por no utilizar las camionetas blindadas recientemente adquiridas, pese a su costo de 2.4 millones de pesos cada una, informó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
La decisión, dijo, busca atender la crítica pública y reforzar la austeridad, que “no es un acto simbólico”. Incluso señaló que podrían trasladarse en autobús o Metro si fuese necesario.
“Estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera a un menor costo. Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta el Metro, no tengo problema”, dijo Aguilar Ortiz.
En conferencia de prensa, Aguilar Ortiz, junto con otros cinco ministros y el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, defendió la compra de los vehículos como parte de la renovación de 571 unidades del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Señalaron que la sustitución de modelos 2009 y 2023 se basó en criterios de seguridad vial y no por inseguridad, además de que permitirá un ahorro estimado de mil millones de pesos en tres años.
El ministro aclaró que los “excesos” correspondían a la Corte anterior y que desde 2010 los ministros cuentan con medidas de seguridad, incluidos vehículos blindados.
Sobre la adquisición de cuatro camionetas por ministros en retiro, precisó que se trató de una compra con avalúo interno, no de un robo, corrigiendo declaraciones previas de su par Arístides Guerrero García.
Aguilar Ortiz explicó que las unidades disponibles presentaban deterioro, fallas mecánicas y blindaje con vida útil vencida. Por ello se decidió renovar la flota y poner a la venta 21 vehículos antiguos.
Sin embargo, en consenso con el Pleno, se resolvió no usar las nuevas camionetas para actuar con austeridad, sin comprometer seguridad ni funcionamiento institucional.
Los ministros subrayaron que la decisión responde a la seguridad vial y que la operación institucional continuará sin lujos, pudiendo las unidades adquiridas destinarse a jueces con mayores riesgos.
En tanto, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, agregó que la compra permitió pasar de un esquema de arrendamiento a adquisición de patrimonio propio del PJF, generando importantes ahorros.
