Un juez del Poder Judicial de Veracruz resolvió vincular a proceso al periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, y le impuso como medida cautelar prisión domiciliaria por un año, periodo en el que deberá permanecer en su casa mientras se desarrolla la investigación por dos delitos.

La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que, a solicitud de un Ministerio Público, el comunicador fue imputado por encubrimiento por favorecimiento y por un delito contra las instituciones de seguridad pública.

La Fiscalía sostiene que el periodista habría ocultado un delito y que estaba en posesión de un mensaje presuntamente enviado por una persona vinculada a actividades criminales.

El señalamiento inicial por terrorismo, que fue incluido al momento de solicitar su aprehensión, fue descartado por el juez de control. Así lo reconoció la propia fiscal en un mensaje difundido después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitara una explicación pública sobre esa acusación.

De acuerdo con el expediente, el proceso penal se originó porque el reportero llegó antes que corporaciones municipales, estatales y ministeriales a una escena del crimen, tras recibir un aviso de una fuente que las autoridades identifican como un presunto delincuente.

En la conversación, el periodista únicamente habría respondido “ok”, lo que la Fiscalía interpreta como conocimiento de un delito que, según su criterio, no fue reportado a las autoridades, al no realizarse una llamada al 911.

Para la Fiscalía y el juez, estos elementos constituyen indicios para intentar acreditar que el periodista favoreció el ocultamiento de un delito y que tendría un vínculo con un grupo criminal, pese a que su presencia en el lugar fue con fines informativos, para reportar un homicidio a su audiencia en plataformas digitales.

Otro argumento utilizado es que el comunicador llegó al sitio antes que la policía, sin considerar el tiempo que tardaron los agentes en acordonar el área y resguardar posibles evidencias.

El juez desestimó los planteamientos de la defensa relacionados con la libertad de expresión y la criminalización del periodismo de nota roja en tiempo real, y dictó la vinculación a proceso con prisión domiciliaria. Esta medida le impedirá continuar su labor como reportero policiaco en Coatzacoalcos durante el próximo año.

En una conferencia posterior, la fiscal Jiménez evitó detallar el contexto del caso y, aunque el origen de la investigación está ligado al trabajo periodístico del acusado, aseguró que el gobierno de Veracruz respeta la libertad de expresión.

Los delitos imputados se basan en los artículos 344 y 371 del Código Penal de Veracruz, que sancionan el encubrimiento de delitos y la posesión de mensajes relacionados con actividades ilícitas de la delincuencia organizada.