El representante agrario de la comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo Atzqueltán, Marcos Aguilar Rojas, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en este poblado del municipio de Villa Guerrero, en la zona Norte de Jalisco.
En el ataque también resultó herido su hermano Gabriel Aguilar, quien fue trasladado a recibir atención médica, aunque hasta el cierre de la información no se había confirmado su estado de salud.
De acuerdo con comuneros de la región, los agresores serían Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, así como Víctor Hugo Pérez, señalados como los responsables directos del ataque.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) amplió la lista de presuntos involucrados e incluyó además a Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, quienes habrían huido en un vehículo gris hacia Villa Guerrero o Mezquitic.
Según el organismo, todos ellos estarían vinculados a caciques y pequeños propietarios de la zona.
El CNI condenó el asesinato y afirmó que forma parte de un patrón de violencia contra comunidades indígenas que defienden su territorio, al tiempo que exigió castigo para los responsables materiales e intelectuales y mayores garantías de seguridad para los habitantes de San Lorenzo de Azqueltán.
El organismo también expresó sus condolencias a la familia de Aguilar Rojas y a la comunidad.
Este crimen ocurre en un contexto de tensiones territoriales que la comunidad indígena tepehuana y wixárika denunció desde hace tres semanas.
Los comuneros habían alertado sobre un despojo violento de terrenos en litigio agrario, presuntamente cometido por policías investigadores de la Fiscalía del Estado, quienes ingresaron a predios comunales sin identificarse, ordenaron a los habitantes retirarse y se llevaron materiales de construcción.
La abogada de la comunidad, Quetzal Prado, señaló que los agentes actuaron fuera de sus facultades, ya que la disputa por la tierra continúa en proceso ante el Tribunal Agrario 16.
Personal de la fiscalía en Villa Guerrero confirmó que los agentes señalados pertenecen a la institución, aunque justificaron el operativo como parte de un conflicto entre particulares.
Los comuneros, sin embargo, sostienen que las acciones buscan favorecer al particular Refugio Raygoza, presunto interesado en ampliar una posesión irregular.
En el predio conocido como La Cueva de la Mosca, los policías retiraron materiales destinados a la construcción de un pozo y, según los habitantes, actuaron con amenazas e insultos.
Aunque las autoridades han indicado que los posesionarios muestran documentos de propiedad, las comunidades insisten en que se trata de territorio ancestral indígena, aun cuando no han presentado los títulos virreinales que lo acrediten.
La falta de medidas preventivas por parte del municipio y de la fiscalía, pese a los antecedentes de agresiones, privaciones de la libertad y golpizas contra integrantes de San Lorenzo Atzqueltán, ha sido duramente cuestionada.
Hoy, la comunidad exige que se esclarezca por qué no se tomaron precauciones que pudieran evitar que la violencia escalara hasta el homicidio del representante agrario.
