El Gobierno de México informó este martes que trabaja junto con los 32 estados para unificar la nueva definición y sanción del delito de abuso sexual, recientemente reformado a nivel federal.

Esta medida forma parte de la estrategia nacional para reforzar la lucha contra la violencia hacia las mujeres, anunciada tras el episodio de acoso que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum durante una caminata en el centro histórico de la capital.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, señaló que la modificación al artículo 260 del Código Penal Federal busca establecer criterios comunes para prevenir, denunciar y sancionar agresiones sexuales.

Explicó que la reforma fortalece la respuesta institucional ante estos delitos con el objetivo de que las mujeres se sientan más seguras y confíen en la justicia.

De acuerdo con el Gobierno, 22 entidades ya presentaron iniciativas locales para armonizar sus leyes con la reforma federal; una de ellas fue aprobada en comisiones.

Además, otras diez presentarán sus propuestas este martes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El compromiso oficial es que los 32 congresos estatales adecuen sus legislaciones.

La reforma redefine el abuso sexual como cualquier acto de carácter sexual sin consentimiento, incluidos tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones explícitas.

También fija penas de tres a siete años de prisión, multas de 200 a 500 UMA y obliga a las personas agresoras a tomar talleres reeducativos con perspectiva de género y a realizar servicio comunitario. La ley incorpora agravantes cuando los responsables sean servidores públicos, ministros de culto, actúen con violencia o exista complicidad.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, anunció que la homologación irá acompañada de un programa nacional de capacitación para fiscalías y tribunales estatales, con el fin de mejorar la procuración de justicia, señalada como uno de los mayores desafíos para atender a las víctimas.

El Gobierno federal también coordina acciones con las secretarías de movilidad estatales para reforzar los protocolos de atención en casos de abuso sexual en el transporte público, uno de los espacios con mayor número de agresiones.

Hernández recordó que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha vivido algún tipo de violencia, y casi la mitad ha experimentado violencia sexual, lo que evidencia un problema estructural que requiere transformar leyes, instituciones y prácticas culturales.

Además del proceso legislativo, se lanzaron campañas permanentes contra el abuso sexual, la violencia digital y mensajes dirigidos a hombres para impulsar un cambio cultural.

Las autoridades destacaron que la homologación legal será un pilar para una respuesta más eficaz y uniforme en todo el país y para garantizar el acceso a la justicia. Todos los gobernadores del país firmaron también diez compromisos para reforzar la protección y defensa de las mujeres.