Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron este lunes la reforma a la Ley de Amparo y la enviaron a la Mesa Directiva, con el objetivo de que sea discutida y eventualmente votada en el Pleno este martes.
El dictamen fue avalado con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, de la morenista Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Partido Acción Nacional (PAN) abandonó la sesión como forma de protesta, por lo que no participó en la votación.
Entre los cambios realizados, los diputados eliminaron el artículo transitorio que establecía la retroactividad de la ley a los juicios en curso. En su lugar, aprobaron que los casos en trámite continúen “conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio”.
Pese a las audiencias públicas realizadas la semana pasada, en las que especialistas y juristas expresaron preocupaciones sobre posibles limitaciones al “interés legítimo” y a las suspensiones, no se hicieron más modificaciones al proyecto.
La iniciativa, presentada originalmente en el Senado el 15 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca —según sus promotores— modernizar el juicio de amparo y hacerlo más eficiente como medio de protección de los derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que los principales ejes de la reforma son la limitación de los efectos generales de las suspensiones, el fortalecimiento del acceso digital a la justicia, la agilización de los juicios y la revisión de los criterios de interés jurídico y legítimo.
Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron que la reforma restringe derechos y debilita la protección ciudadana. El panista Homero Niño de Rivera afirmó que la iniciativa “le quita al pueblo su defensa ante los abusos del poder”.
Desde el PRI, Emilio Suárez Licona y Jericó Abramo Masso señalaron que los cambios podrían impedir la defensa de causas colectivas y dejar en indefensión a personas con créditos fiscales.
Por parte de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala y Gustavo de Hoyos aseguraron que las modificaciones limitan el interés legítimo y la suspensión en los amparos, afectando el equilibrio entre los ciudadanos y el gobierno.
En contraste, legisladores oficialistas defendieron el dictamen. La morenista Mariana Benítez Treviño dijo que el propósito es “fortalecer el amparo y devolverle su espíritu original”, mientras que María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) destacó la incorporación de reglas uniformes de notificación y nuevas condiciones para negar suspensiones en casos vinculados con recursos ilícitos.
El petista Reginaldo Sandoval Flores consideró que se trata de un avance hacia un sistema jurídico más eficiente y accesible.
Antes de la votación, diputados del PAN, PRI y MC manifestaron su inconformidad con el procedimiento, señalando que no se cumplieron los acuerdos de parlamento abierto ni se presentó la relatoría de las audiencias públicas.
La reforma será discutida este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde podría ser votada para su eventual aprobación.
