La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 15 de septiembre una propuesta de reforma a la Ley de Amparo, con el objetivo de precisar quién puede acceder a este recurso y establecer límites a medidas cautelares y plazos procesales.

La iniciativa busca evitar el uso abusivo del amparo para impugnar normas en abstracto y fortalecer su función de protección frente a actos concretos de autoridad, protegiendo únicamente a quienes sufren un daño real.

En cuanto a las suspensiones de actos reclamados, se propone que no se otorguen si su concesión perjudica el interés general que la norma pretende proteger.

Además, la reforma establece tiempos específicos para distintos trámites: cinco días para notificar la admisión de recursos de revisión o amparo directo, y hasta 60 días para dictar sentencias cuando no se resuelvan en la audiencia constitucional.

También incluye medidas para desechar recusaciones improcedentes, exigir expedientes completos antes de las audiencias y limitar los plazos para presentar pruebas.

La iniciativa impulsa el uso de medios electrónicos para agilizar procesos y reducir la burocracia. Las autoridades deberán habilitar perfiles digitales y sistemas de notificación en línea, con lo que se busca limitar recursos dilatorios y fortalecer la recaudación fiscal.

Finalmente, se contemplan ajustes a la Ley de Protección Industrial para fomentar el desarrollo científico y tecnológico en México.

Según la propuesta, estas modificaciones establecerán reglas más claras para el acceso al amparo, la aplicación de suspensiones y los plazos judiciales, aspectos que actualmente no están definidos en la legislación vigente.