Tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que no ha recibido “ningún dato probatorio al respecto” que confirme dichas acusaciones.
En un comunicado, Hacienda señaló que mantiene “una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación”, y confirmó que fue notificada a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades en estas instituciones.
Sin embargo, la dependencia aclaró que, al solicitar formalmente evidencia que vincule a las entidades con operaciones ilícitas, “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
La única información que pudo verificarse, explicó la SHCP, son algunas transferencias electrónicas realizadas con empresas chinas legalmente constituidas, las cuales se enmarcan en un comercio bilateral que suma 139 mil millones de dólares anuales.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
La UIF detectó que más de 300 empresas mexicanas realizaron transacciones con empresas chinas a través de diez instituciones financieras nacionales, lo cual, indicó, es parte de operaciones comerciales habituales.
No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión regulatoria a las instituciones señaladas por Estados Unidos.
Los hallazgos identificaron “problemas administrativos”, que derivaron en multas y medidas correctivas por un total de 134 millones de pesos, conforme a la normatividad vigente.
La SHCP concluyó su postura reiterando que, “de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”.
Además, destacó que la instrucción de la presidenta de México es “ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito”.
