Integrantes de cinco organizaciones presentaron este jueves nueve recursos de impugnación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra tres de las seis elecciones judiciales realizadas el 1 de junio.

Acusan que hubo una intervención del Estado para favorecer a ministros y magistrados vinculados con Morena.

Las organizaciones Defensorxs, Poder Ciudadano, Justicia Común, Laboratorio Electoral y Projuc entregaron sus impugnaciones en la Oficialía de Partes del INE, cuestionando la validez de las elecciones para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El INE turnará los recursos al TEPJF, que será el encargado de resolverlos.

Los grupos denunciaron prácticas como la inducción al voto, acarreo, manipulación de urnas, uso indebido de recursos públicos y la intervención de partidos políticos y autoridades gubernamentales. Señalaron que estas acciones buscaron favorecer a candidatos ligados a Morena.

Además, presentaron más de 200 pruebas, incluyendo testimonios sobre el reparto de listas de candidatos en las 32 entidades del país, que evidencian una operación nacional para coaccionar y manipular el voto.

“Tenemos pruebas de que en todo el territorio nacional se desplegó una operación de coacción e inducción al voto con la participación de los tres órdenes de gobierno, participación de funcionarios públicos, con la participación de agrupaciones gremiales, con el único objetivo de coacción al voto y beneficiar a las personas candidatas que están directamente vinculadas con el partido en el poder: Morena”, afirmó José Mario de la Garza, de la organización Justicia Común.

Arturo Espinosa, de Laboratorio Electoral, dijo que ya algunos consejeros del INE reconocieron que el 80% de los nombres en estas listas coincidió con quienes resultaron ganadores en las elecciones para ministros y magistrados.

“Vamos solicitando la anulación de la elección por violación a principios constitucionales, ya lo ha señalado el tribunal electoral, que una elección que viola los principios constitucionales no se puede considerar como válida”, señaló.

Las organizaciones solicitaron la anulación de las elecciones por violar principios constitucionales, argumentando que se trata de una intervención ilegal del Estado para destituir rápidamente a miles de jueces y magistrados, lo que consideran un ataque al Poder Judicial.

“Y también estamos demandando la invalidez de la elección por todas las irregularidades que existieron en el proceso, y hay que decir por qué existieron esas irregularidades, y es por intención de destituir de manera fastrack, relámpago, a todos los jueces del país, es un golpe de Estado al Poder Judicial donde se destituye a 7 mil 539 personas juzgadoras en un periodo de tres años”, planteó Miguel Alfonso Meza, de la organización Defensorxs.