El grupo parlamentario de Morena en el Senado, junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), analiza una posible reforma constitucional para eliminar la autonomía de las fiscalías generales de justicia en los estados.

La propuesta busca que los fiscales vuelvan a depender del Poder Ejecutivo local, el cual enviaría una terna al Congreso estatal para su nombramiento, como se hacía antes de la reforma de 2014.

El senador morenista Waldo Fernández explicó que la medida responde a constantes quejas ciudadanas sobre el funcionamiento del sistema de justicia.

 “Los ciudadanos se quejan todos los días del sistema de justicia y muchas veces responsabilizan a los gobernadores, aunque las fiscalías no dependen directamente de ellos”, afirmó.

Fernández aclaró que esta reforma no afectaría a los fiscales actuales, quienes seguirían en sus cargos hasta concluir sus periodos conforme a lo ya establecido.

El legislador también aseguró que la autonomía no ha dado los resultados esperados en términos de acceso a la justicia ni ha evitado el uso político de estas instituciones.

Como ejemplo, mencionó el caso de Nuevo León, donde —según sus palabras— la autonomía provocó una “parálisis institucional”.

En Guanajuato, la autonomía de la Fiscalía también ha sido motivo de controversia. En 2023, el entonces fiscal Carlos Zamarripa Aguirre reformó el reglamento interno para otorgar una pensión especial a funcionarios con más de 30 años de servicio.

Gracias a esta modificación, Zamarripa podrá recibir una gratificación cercana a 4 millones de pesos cuando deje el cargo en enero de 2025.

Ante esta situación, la bancada de Morena en el Congreso local propuso eliminar ese beneficio, aunque la iniciativa fue modificada por el PAN. Aun así, en junio, el actual fiscal Gerardo Vázquez Alatriste anunció la eliminación de dicha gratificación.

Sin embargo, la Fiscalía estatal creó una nueva prestación dirigida a agentes ministeriales, peritos y personal de investigación con más de 20 años de servicio, también respaldada por su autonomía.

La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó públicamente de esta iniciativa durante su conferencia matutina de este viernes 20 de junio.

“No es una propuesta nuestra. Hay que analizar profundamente, porque hay fiscalías que funcionan bien y otras no tanto”, expresó.

Además, reiteró que esta reforma no forma parte de la agenda del Ejecutivo federal.

“No es interés de la presidenta vigilar la función de la Fiscalía”, agregó.

Si esta propuesta se aprueba, los gobernadores volverían a tener la facultad de proponer a los fiscales estatales, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo de justicia que, desde 2014, busca garantizar la independencia de las investigaciones mediante la autonomía de las fiscalías.

Hasta el momento, la reforma sigue en etapa de análisis y no ha sido presentada formalmente ante el Congreso de la Unión, pero el tema ya genera un amplio debate sobre el rumbo que debe tomar la procuración de justicia en el país.