Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se analiza la validez de las elecciones en el Poder Judicial, colectivas feministas se manifestaron para exigir que no se entreguen constancias de mayoría a candidatos con antecedentes de violencia de género, deudas alimentarias o vínculos con la organización La Luz del Mundo.

Integrantes de diversas colectivas, entre ellas la Ley Sabina contra Deudores Alimentarios, protestaron a las afueras del INE con carteles que exhiben a aspirantes señalados por cometer o encubrir actos de violencia vicaria y otras formas de agresión hacia mujeres y menores.

En un comunicado, mencionaron específicamente a tres aspirantes:

Mirsha Rodrigo León Carmona, candidato a magistrado civil, acusado de presunta complicidad en casos de violencia vicaria.

Juan Miguel Morales Monter, postulado a una magistratura en materia familiar, señalado por revictimizar a una madre durante su gestión en la Fiscalía de la CDMX.

Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, aspirante a magistrado penal en Veracruz, denunciado por no cumplir con obligaciones alimentarias.

Las colectivas advierten que permitir el acceso de estos perfiles al poder judicial representa un riesgo para los derechos de mujeres y niñas.

“Quien no garantiza justicia ni cumple con sus responsabilidades más básicas, no debe ejercer autoridad ni representar al Estado”, señalaron.

Por su parte, la consejera del INE, Dania Ravel, informó que se recibieron 27 denuncias relacionadas con la idoneidad de candidaturas, pero en varios casos no se logró verificar la información por falta de pruebas o por demoras de otras autoridades, lo que dificultó la aplicación efectiva del criterio “8 de 8 contra la violencia”.