En un país donde 46.8 millones de personas viven en situación de pobreza, el Congreso ha dado un paso decisivo para eliminar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo autónomo encargado de medir la pobreza y evaluar los programas sociales en México.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la noche del miércoles la desaparición del Coneval. Sus funciones serán asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque este aún no cuenta con el marco legal necesario para llevar a cabo evaluaciones de políticas públicas.

La decisión incluye una liquidación para apenas 49 de los cerca de 180 empleados del organismo, con un presupuesto de 14.4 millones de pesos destinado a su cierre.

El Coneval era clave para medir la pobreza de forma multidimensional y evaluar el impacto de los programas sociales más allá del simple reparto de recursos. Su independencia y enfoque técnico lo convirtieron en una fuente confiable, incluso cuando sus datos no coincidían con las narrativas oficiales.

Desde 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había planteado su eliminación como parte de su política de austeridad, asegurando que el Inegi podía cumplir la misma función. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este argumento, señalando que el Inegi ya realiza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), base para calcular la pobreza.

Sin embargo, especialistas advierten que el Inegi no evalúa programas sociales, y la metodología requiere de validación externa. Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México, alertó que el Coneval fue el primero en cuestionar un cambio metodológico del Inegi que podría haber dado una imagen equivocada de mejora en la pobreza.

Graciela Teruel, experta en estudios sociales, subrayó que la evaluación no solo debe centrarse en cifras, sino en impactos reales:

“No basta saber cuántos litros de leche se reparten, sino si ayudan a combatir la anemia infantil”.

El Coneval también fue centro de tensión con el gobierno anterior. En 2019, Gonzalo Hernández Licona, entonces titular del organismo, fue removido tras criticar los recortes de presupuesto. En 2023, López Obrador desacreditó su última evaluación, asegurando que “tenía otros datos”.

Esta medida se enmarca en una iniciativa más amplia que busca eliminar otros organismos autónomos, como el INAI, la Cofece y el IFT, bajo el argumento de reducir gastos para redirigirlos a programas prioritarios del gobierno.

La desaparición del Coneval deja dudas sobre la independencia y objetividad con las que se evaluarán las políticas sociales a futuro, en un país donde la pobreza sigue siendo uno de los principales desafíos.