La presidenta Claudia Sheinbaum hizo este viernes un llamado final a la ciudadanía para que participe en la inédita elección judicial que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio.
A pesar del escaso entusiasmo reflejado en las encuestas, la mandataria expresó su confianza en que habrá una gran participación ciudadana.
“El domingo yo estoy segura que va a haber una participación muy importante del pueblo de México en la elección del poder judicial y que se va a ver la participación en una elección pacífica”, señaló.
La presidenta destacó la importancia de este evento, en el que 99.7 millones de mexicanos están convocados a votar por primera vez para elegir 881 cargos judiciales entre 3,422 candidatos.
Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de numerosos cargos locales.
Sheinbaum expresó optimismo de cara al proceso: “va a ser un gran día”.
Sin embargo, su llamado contrasta con los sondeos más recientes, que anticipan una baja participación de entre el 5 % y el 20 %. Expertos señalan que la complejidad del proceso y el gran número de cargos a elegir han generado desinterés entre los votantes.
Esta elección marca un hecho sin precedentes en el país: será la primera vez que los ciudadanos elijan directamente a los miembros del poder judicial.
No obstante, el proceso ha estado rodeado de controversias, como la distribución de “acordeones” o guías por parte de organizaciones ligadas a Morena, lo que ha levantado críticas sobre una posible manipulación del voto.
A esto se suma la preocupación por la posible llegada de perfiles “sin experiencia, incompetente o vinculada al crimen organizado”.
La reforma que dio origen a esta elección fue promulgada el 15 de septiembre de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de Sheinbaum, quien asumió la presidencia el 1 de octubre del mismo año.
Las campañas comenzaron el 30 de marzo y concluyeron el 28 de mayo, en medio de advertencias de la oposición, organismos internacionales como la ONU, jueces en funciones y organizaciones civiles, sobre un posible involucramiento del crimen organizado en el proceso electoral.
