La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió una investigación contra 13 funcionarios estatales por posibles omisiones y negligencia en el manejo de evidencias en el caso del Rancho Izaguirre, descubierto el 18 de septiembre de 2018 por la Guardia Nacional.

Entre los implicados se encuentran agentes ministeriales y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Las autoridades buscan esclarecer por qué no se procesaron adecuadamente ciertos indicios encontrados durante el operativo, como bolsas con ropa y otras pertenencias que habrían sido clave para las investigaciones.

El director del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, confirmó que su institución colabora con la Fiscalía Anticorrupción para entregar toda la documentación necesaria.

La intervención de la Guardia Nacional en 2018 incluyó un enfrentamiento armado, la detención de 10 personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un cuerpo sin vida. Sin embargo, recientes hallazgos del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo de 2025 revelaron nuevas prendas en el mismo lugar, lo que intensificó las dudas sobre la actuación inicial de las autoridades.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha señalado reiteradas inconsistencias en la investigación estatal, lo que motivó la atracción del caso por parte de la FGR. Las indagatorias buscan determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados.