El alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Murguía Santiago, fue imputado este domingo por el delito de delincuencia organizada, bajo la acusación de haber colaborado activamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acusación fue presentada ante un juez federal en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, por agentes del Ministerio Público Federal, pertenecientes a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF).
De acuerdo con las pruebas presentadas, Murguía habría facilitado las operaciones del CJNG en su municipio mediante actos de omisión, protección directa y encubrimiento.
La investigación señala que el alcalde habría brindado apoyo a una célula del CJNG encabezada por José Gregorio Hermida, conocido como “El Lastra”, quien fue arrestado el 23 de marzo pasado y está relacionado con el reclutamiento forzado en la región.
Según la carpeta judicial 473/2025, Murguía habría tenido al menos dos reuniones con Hermida, en abril y junio de 2024, en el rancho Izaguirre, lugar donde fueron encontrados cuerpos calcinados y evidencia de actividades ilegales, como el reclutamiento de jóvenes mediante engaños con ofertas de trabajo falsas.
Los jóvenes eran entrenados en el rancho para ser enviados al "frente de guerra" en Zacatecas, y aquellos que se resistían eran asesinados.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el alcalde tenía pleno conocimiento de estas actividades y que su intervención impidió que se realizaran operativos de seguridad en la zona. Además, se le acusa de ordenar la eliminación de restos humanos y la protección de vehículos robados utilizados por la célula criminal.
Durante la audiencia, se presentaron varias pruebas, incluyendo testimonios de sobrevivientes, informes periciales, registros telefónicos y fotografías, que apuntan a que el alcalde recibió pagos mensuales del CJNG por su colaboración.
Murguía Santiago decidió no declarar públicamente, pero reconoció haber entendido los cargos en su contra. La jueza federal determinó que el proceso continuará a puerta cerrada debido a los riesgos para la seguridad de testigos y personas involucradas en la investigación.
Por el momento, el alcalde se encuentra en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica. A nivel estatal, el gobernador Pablo Lemus no ha emitido una postura oficial sobre la detención de Murguía, ni sobre el futuro de la administración municipal.