Un grupo de 727 personas, incluyendo funcionarios públicos, ha presentado una demanda contra las reformas que crearon el Fondo de Pensiones del Bienestar.

La demanda, presentada por el despacho Trusan & Roma ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuestiona la constitucionalidad de estas reformas, que permiten financiar las jubilaciones con cuentas inactivas de las Afores.

Las reformas, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en vigor desde el 1 de mayo, establecen un fondo para financiar las jubilaciones con el 100% del salario de los trabajadores.

Este fondo se nutrirá inicialmente con 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de trabajadores retirados de la formalidad después de cierta edad.

Rodolfo Martínez, abogado del despacho que presentó la demanda, argumentó que estas reformas afectan la forma en que los demandantes planearon manejar sus recursos en las diferentes administradoras.

Además, calificó las reformas como "inconstitucionales", alegando que son retroactivas y vulneran el principio de seguridad jurídica.

Se espera que en las próximas semanas cientos de trabajadores de diversas dependencias federales presenten demandas similares para proteger sus ahorros de posibles afectaciones. Estos trabajadores incluyen empleados del Inegi, la CNBV, la Guardia Nacional, el INE, entre otros.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detallado que estas cuentas inactivas oscilan entre 300 y 400 pesos y que aportará 60 mil millones de pesos adicionales al fondo.

En total, se estima que el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar costará al Gobierno de México alrededor de 130 mil millones de pesos en la próxima década.