El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ha enfatizado que la reciente reforma en pensiones y Afores no impactará a los trabajadores activos.

Esto se suma a las aclaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, quien reiteró que la medida no afectará a quienes están en activo laboral.

Una de las principales disposiciones de esta reforma es que las cuentas en Afores de los trabajadores activos permanecerán bajo su gestión actual y no serán transferidas al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Robledo destacó que la reforma del 2020 garantiza que las cuentas son imprescriptibles, lo que significa que los trabajadores pueden reclamar su pensión en cualquier momento sin importar el tiempo transcurrido.

Además, se informó que un año antes de que se destinen los recursos de las cuentas inactivas al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se notificará a los cuentahabientes para que puedan reclamarlos si así lo desean.

El sistema de ahorro para el retiro (SAR) en México está compuesto por más de 6 billones de pesos y abarca más de 74 millones de cuentas. Las cuentas inactivas representan menos del 1% del total, según datos oficiales.

La financiación del Fondo de Pensiones para el Bienestar será diversa, incluyendo recursos provenientes de incautaciones realizadas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como una parte de las utilidades netas de entidades paraestatales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.

En cuanto a la gestión del Fondo de Pensiones para el Bienestar, este estará a cargo del Banco de México (Banxico) y sus recursos estarán destinados exclusivamente al pago de pensiones, según establece la reforma.

Además, se garantiza que las cuentas de trabajadores del Estado no prescriban, asegurando que sus derechos permanezcan intactos para reclamar sus recursos en cualquier momento.

La reforma busca proteger los intereses de los trabajadores en activo y asegurar una gestión transparente y eficiente de los recursos destinados a las pensiones en México.