La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer detalles adicionales en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, buscando una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), señalado como el segundo tirador vinculado a Genaro García Luna.

La FGR informó que, a pesar de las pruebas que implican a Sánchez Ortega en el asesinato de Colosio, un juez federal se negó a librar la orden de captura, generando cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial en este caso que lleva casi 30 años sin resolverse.

En 1994, el exagente del CISEN estaba asignado para vigilar las actividades del entonces candidato presidencial del PRI. Tras el asesinato, fue detenido junto con Mario Aburto, aunque fue liberado días después debido a su adscripción al CISEN, en lo que la FGR califica como un "evidente encubrimiento delictivo" vinculado directamente a Genaro García Luna.

La periodista Laura Sánchez Ley, en "Los Expedientes Secretos del Caso Colosio", detalla la detención de Sánchez Ortega y su liberación, señalando la participación de Genaro "G" en su rescate en Tijuana.

A pesar de la declaración de Sánchez Ortega ante la PGR en 1994, donde afirmó no haber presenciado el momento del asesinato pero admitió tener sangre de Colosio en su chamarra, la FGR sostiene que las pruebas actuales indican su presencia en el lugar del crimen como segundo tirador.

La Fiscalía Especial para el Caso Colosio concluye que los hechos ocurrieron según la versión inicial del agente del CISEN y descarta su participación en el homicidio. Sin embargo, el Juez Quinto de Distrito se negó a emitir la orden de aprehensión, generando críticas de parcialidad.

La FGR, tras revisar actuaciones de la extinta PGR, revela indicios de que Colosio fue atacado por dos tiradores, acreditando la presencia de Sánchez Ortega en el lugar de los hechos mediante análisis de sangre y pruebas de rodizonato.

Aunque no existe un video que lo muestre disparando, la FGR destaca testimonios que situan a Sánchez Ortega en el lugar del crimen, huyendo después de los disparos, contradiciendo su declaración inicial de haber ayudado a cargar a la víctima. La dependencia insiste en la participación del CISEN en encubrir al acusado y sacarlo de Tijuana de manera urgente.

El caso Colosio, con sus nuevas revelaciones, pone a prueba la búsqueda de justicia ante la negativa judicial, generando interrogantes sobre la posible influencia de antiguas figuras gubernamentales en la resolución de un crimen que ha intrigado a la sociedad mexicana durante décadas.