El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su preocupación por la aparente corrupción que prevalece en el Poder Judicial del país.
Esto surge después de que un juez y tres magistrados tomaran la decisión de negar una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, acusado de enriquecimiento ilícito.
En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente destacó que, aunque existen excepciones entre los jueces, magistrados y ministros, la norma parece ser que el Poder Judicial está bajo la influencia de intereses económicos y políticos.
“La regla es que ese poder está tomado, secuestrado, está al servicio de la mafia del poder económico y del poder político. Y esto es una prueba más, le otorgaron amparo a García Luna”.
"Es una muestra más de que el Poder Judicial “está podrido”, afirmó.
Además, el mandatario señaló que recientemente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, contrató a una persona cercana a García Luna, lo que, según él, plantea dudas sobre la imparcialidad del sistema.
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El presidente también recordó que anteriormente se otorgó un amparo a García Luna para descongelar sus cuentas bancarias, lo que aumentó su escepticismo sobre la integridad del Poder Judicial.
En otro caso mencionado por López Obrador, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, obtuvo un amparo para evitar ser etiquetado como "torturador" en relación con el caso Ayotzinapa y las acusaciones de tortura a detenidos. Zerón de Lucio actualmente se encuentra prófugo de la justicia en Israel.
Frente a estas situaciones, el presidente hizo un llamado a la necesidad de reformar el Poder Judicial y permitir que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros. López Obrador subrayó que para llevar a cabo esta reforma constitucional se requerirá una mayoría calificada en el Congreso, no simplemente una mayoría simple.
Según él, esta reforma es esencial para desmantelar el supuesto aparato de corrupción en el sistema judicial y construir uno nuevo que garantice la justicia imparcial y evite la impunidad tanto para los criminales comunes como para aquellos de "cuello blanco".
