El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, anunció este domingo el ‘banderazo’ de salida para la consulta popular contra expresidentes del próximo 1 de agosto en todo el país.

A través de su cuenta de Twitter, Córdova aseguró que el INE arrancó con el trabajo de campo para ubicar, invitar y capacitar a quienes fungirán como funcionarios de casilla para la consulta popular.

El consejero del INE garantizó que se instalarán cerca de 57 mil Mesas Receptoras y serán más de nueve mil 300 instructores los que capacitarán a todos los ciudadanos que participaron en las elecciones de 2021 y quieran ser funcionarios.

“El INE inició este fin de semana con el trabajo de campo para ubicar, invitar y capacitar a quienes fungirán como funcionarios de casilla en las que la ciudadanía podrá emitir su opinión sobre la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto”, indicó.

Sobre el tema presupuestal, Córdova Vianello sentenció que, pese a que los tres poderes de la Unión le negaron al INE los recursos para llevarla a cabo, el Instituto está listo para garantizar una consulta profesional e imparcial.

“A pesar de que los tres poderes de la Unión promoventes y convocantes de la consulta popular le negaron al INE los recursos para llevarla a cabo, el Instituto está en condiciones de garantizar el más profesional y amplio ejercicio de consulta ciudadana que se haya llevado en nuestra historia”, aseguró.

En torno al tema de difusión en medios, el consejero presidente detalló que la convocatoria entrará en vigor a partir del 15 de julio de 2021, conforme a lo establecido por el Congreso de la Unión, por lo que no se puede hacer difusión antes de esa fecha.

“Con base en lo anterior, el próximo 15 de julio, el Instituto Nacional Electoral iniciará la difusión de la Consulta Popular en radio y televisión, a través de los tiempos oficiales ordinarios con que cuenta la autoridad electoral”, añadió

Finalmente, Córdova Vianello invitó a la población a participar en la consulta para abrir expedientes y enjuiciar a los expresidentes de México, ya que seguirán con las mismas medidas de seguridad establecidas en las elecciones del pasado 6 de junio.