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El INE "sacará tarjetas" para garantizar un proceso electoral legal

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Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, llamó a contendientes, actores políticos y funcionarios de los tres ámbitos del gobierno a respetar la ley

El INE "sacará tarjetas" para garantizar un proceso electoral legal.
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El INE "sacará tarjetas" para garantizar un proceso electoral legal

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, llamó a contendientes, actores políticos y funcionarios de los tres ámbitos del gobierno a respetar la ley

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El Instituto Nacional Electoral (INE) seguirá siendo un árbitro vigilante del Estado de derecho, por lo que sacará, “sin protagonismos ni estridencias retóricas, las tarjetas que sean necesarias para garantizar que el proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley”, advirtió el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en el arranque formal de las campañas electorales en nueve entidades del país.

En sesión especial, el INE aprobó el registro de candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional a la Cámara de Diputados, postuladas por partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente, respetando el principio constitucional de paridad y las medidas afirmativas adoptadas para el proceso electoral en curso.

En ese contexto, Córdova Vianello hizo un llamado a contendientes, actores políticos y funcionarios de los tres ámbitos del gobierno a respetar la ley y, sobre todo, ejercer los recursos públicos con absoluta imparcialidad.

Además, puso énfasis en la importancia de que, en un contexto social y político caracterizado por tensiones, polarización, así como problemas estructurales irresueltos y agravados por la pandemia de COVID-19, la contienda se dé en un contexto de respeto al Estado de derecho.

“Consideren que, al día siguiente de la jornada electoral, el 7 de junio, los problemas de pobreza y desigualdad seguirán ahí y todas y todos, trabajadores, gobernantes y empresarios, mayorías y minorías, se van a necesitar para construir acuerdos e inyectarle viabilidad y futuro a nuestra nación y a nuestra democracia”, aseveró el consejero presidente.

Córdova puso énfasis en que las campañas son la fase decisiva del proceso electoral más grande y complejo de la historia, por lo que resulta fundamental que todos los contendientes respeten la ley.

En ese sentido, lamentó que haya quienes consideren, como parte de su estrategia, recurrir a la descalificación del árbitro electoral por aplicar la Constitución y las leyes, más cuando es inevitable que quienes las violan sean sancionados sin que ello implique estar en contra de ningún actor o fuerza política.

“El INE seguirá siendo un árbitro vigilante y, sin protagonismos ni estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean necesarias para garantizar que el proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley”, insistió.

El Consejo General del INE validó las candidaturas de los 10 partidos políticos nacionales y las dos coaliciones con registro vigente y aprobó 3 mil 471 fórmulas a diputaciones federales por mayoría relativa y representación proporcional.

Antes, en sesión extraordinaria semipresencial, el INE dio luz verde a la integración de un grupo interdisciplinario que revisará de forma muestral que los candidatos a diputaciones federales cumplan los supuestos previstos en el formato 3 de 3 Contra la Violencia y, en caso de no hacerlo e incurrir en falsedad al respecto, cancelará su registro y dará vista a la autoridad competente.

“Las y los aspirantes a una candidatura deben cumplir con los siguientes supuestos: no contar o haber sido sancionado por violencia familiar ni por violencia sexual o contra la libertad sexual o la intimidad corporal y tampoco estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria, morosa que atente contra las obligaciones alimentarias”, puntualizó la consejera Carla Humphrey Jordan.

Además, el Consejo General declaró improcedentes 10 registros de candidaturas a diputaciones federales ya sea por que se registraron por dos partidos a la vez, porque no se separaron del cargo con la anticipación legal prevista y por incumplimientos en la fiscalización, principalmente.

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