Tras pedir no publicar sus nombres por temor a represalias, denunciaron que la tortillería se negaba a someterse a la ley y las normas de seguridad “pues sus propietarios son influyentes; han sido apadrinados por un partido político y un regidor del Ayuntamiento”.
Aseguran que dicha tortillería funcionaba sin los permisos correspondientes debido a la protección política que recibe, lo que derivó en falta de normas de seguridad en el establecimiento, lo que aunado al error humano cometido por los operadores de la pipa de gas de la empresa “Gas Z” tuvo como resultado este siniestro que dejó cuantiosas pérdidas materiales y al menos cuatro lesionados por quemaduras.
Lo anterior fue denunciado por los vecinos luego de que un día después de la conflagración, los peritos de la Subprocuraduría, bomberos y demás cuerpos de emergencias procedieron a retirar la pipa quemada.
Entrevistado al respecto, el director municipal de Protección Civil, Rubén Apaez Omaña, aseguró que se iniciaron los procedimientos judiciales correspondientes para deslindar responsabilidades. Cuestionado acerca de la clandestinidad en la que operaba la tortillería, dijo que dicho establecimiento había perdido los permisos que poseía debido a que no se quiso ajustar a la ley.
Indicó que la tortillería “Galeana” durante más de un año ha sido protagonista de una controversia derivada de su terquedad por evadir la ley. Señaló que inicialmente le fueron otorgadas las licencias de funcionamiento por parte de la Dirección de Industria y Comercio, de la Dirección de Obras Publicas y un permiso condicionado de Protección Civil, pero nunca se quiso ajustar al Reglamento de la Industria de la Masa y la Tortilla, razón por la que se le cancelaron los permisos que poseía.
De acuerdo con los primeros peritajes, todo parece indicar que en el origen de la explosión se conjugaron deficiencias por parte de la tortillería y de la empresa gasera, pues al parecer los operadores de la pipa provocaron una fuga durante el abastecimiento del tanque estacionario, lo que dio lugar a una nube de gas que encontró una fuente de ignición en la máquina tortilladora, que no fue apagada por los responsables durante el suministro del combustible.
Lo anterior tendrá que ser investigado por el Ministerio Publico para deslindar responsabilidades, mientras tanto los vecinos afectados en sus establecimientos comerciales como abarroteras, un taller, un negocio denominado "Contreras Show", así como los propietarios de las viviendas afectadas y los vehículos calcinados presentan sus denuncias ante el Ministerio Publico en reclamo del pago de sus pertenencias.
Así mismo se confirmó que Juan Rodolfo Albarrán Morales de 47 años, Julio César Albarrán Esquivel de 26 años y Graco Albarrán Morales de 43 años de edad continúan recibiendo atención médica en un hospital de Cuautla, pero permanecen en calidad de detenidos.
