El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton anunció la apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por su presunta participación en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas vinculados al Cártel de Sinaloa.

Entre los acusados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Ávila, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Merida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

De acuerdo con la acusación, los implicados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Las autoridades señalan que habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos”, relacionada con los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

El documento judicial también indica que Rubén Rocha Moya habría llegado a la gubernatura en 2021 tras acciones de intimidación contra rivales políticos por parte del grupo criminal, y que posteriormente habría ofrecido protección y condiciones para operar con libertad en el estado.

Asimismo, se detalla que algunos funcionarios habrían proporcionado información sobre operativos de seguridad, protegido cargamentos de droga y facilitado actividades del cártel.

En el caso de Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, también se le imputan delitos relacionados con el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023.

Otros acusados, como Dámaso Castro Zaavedra, habrían recibido pagos mensuales para alertar al grupo criminal sobre investigaciones, mientras que Valenzuela Millán habría sido remunerado para poner a la policía municipal al servicio de la organización.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el Cártel de Sinaloa depende del apoyo de funcionarios corruptos para operar, y calificaron a la organización como una amenaza grave.

El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla, y los acusados se encuentran en México, siendo considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.