Este jueves, organizaciones sindicales, estudiantiles y gremiales de Venezuela marcharon en Caracas hacia el palacio de Miraflores para exigir un aumento salarial, mientras que otros grupos se manifestaron por la situación de presos políticos extranjeros en la cárcel de Rodeo I.

En la movilización principal, los trabajadores señalaron que los salarios permanecen congelados desde 2022 y destacaron que han realizado cuatro protestas en lo que va de año, siendo esta la primera con destino al palacio presidencial. La convocatoria también se extendió a otras ciudades del país, aunque en Caracas no se dio a conocer la ruta exacta.

La protesta ocurre un día después de que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunciara un aumento de salario “responsable” a partir del 1 de mayo, sin ofrecer detalles sobre el ajuste.

Actualmente, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. En ese momento equivalía a 30 dólares, pero la inflación y la devaluación han reducido su valor a unos 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el Gobierno ha centrado su política salarial en el pago de bonificaciones para trabajadores públicos que suman 160 dólares, abonados en bolívares, pero que no tienen impacto en beneficios laborales. Por ello, los manifestantes exigen el fin de este esquema, el respeto a las contrataciones colectivas y el cese de la persecución contra dirigentes sindicales.

Por otra parte, en la cárcel de Rodeo I, organizaciones opositoras y de derechos humanos denunciaron represión con gas lacrimógeno contra una protesta de presos políticos extranjeros. También alertaron sobre personas heridas y la presunta muerte de un detenido, hecho que no ha sido confirmado por las autoridades.

Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), los reclusos iniciaron una protesta dentro del penal y, como represalia, los custodios les retiraron sus pertenencias. El comité también advirtió sobre el posible traslado del preso político Josnars Baduel.

Asimismo, exigieron una investigación inmediata, la intervención de organismos competentes y el acceso humanitario de la Cruz Roja. En las afueras del centro penitenciario, familiares de los detenidos han permanecido por más de 90 días a la espera de respuestas, tras el anuncio de liberaciones realizado por el Gobierno en enero.

Familiares de los presos responsabilizan a las autoridades por la integridad de quienes permanecen detenidos en ese recinto.