Perú afronta una semana decisiva rumbo a unas elecciones consideradas entre las más complejas de su historia reciente, en un contexto de inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en apenas una década.

En este proceso participan 35 candidatos presidenciales, en medio de un clima dominado por la inseguridad y el crecimiento del crimen organizado, principal preocupación de la población.

La campaña entra en su fase final con un alto nivel de incertidumbre, agravado por la prohibición de difundir nuevas encuestas dentro del país. Los últimos sondeos muestran una contienda muy reñida y un número significativo de votantes indecisos.

Hasta ahora, lo único claro es que la elección se definirá en una segunda vuelta programada para el 7 de junio, ya que ningún candidato se acerca a la mayoría necesaria para ganar en primera ronda.

Según las encuestas más recientes, la candidata de derecha Keiko Fujimori lidera con un 14% de intención de voto. Hija del expresidente Alberto Fujimori, busca la presidencia por cuarta vez tras haber perdido en segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021.

Detrás de ella se ubica un grupo de candidatos con resultados muy cercanos. El comediante y figura televisiva Carlos Álvarez alcanza un 9%, seguido por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga con alrededor del 8%, quien ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude tras perder posiciones en las encuestas.

Otros aspirantes como Ricardo Belmont, Roberto Sánchez, Jorge Nieto y Alfonso López Chau registran entre el 6% y el 4% de intención de voto.

Además de la elección presidencial, el país implementará nuevamente un Parlamento bicameral (Senado y Congreso), tras una reforma constitucional aprobada por el Legislativo, pese a que en el referéndum de 2018 esta propuesta fue rechazada por una amplia mayoría ciudadana.

La inseguridad ha influido fuertemente en las propuestas de campaña. Varios candidatos de derecha han planteado medidas como retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para permitir la pena de muerte y la aplicación de jueces “sin rostro”.

En contraste, sectores de centro e izquierda llaman a frenar lo que denominan un “pacto mafioso” entre fuerzas conservadoras que controlan el Congreso y el gobierno.

En este contexto, figuras como Sánchez y López Chau han planteado incluso la posibilidad de indultar al expresidente Pedro Castillo, quien mantiene apoyo en zonas rurales tras su destitución y encarcelamiento luego de un fallido intento de golpe de Estado.

Estos hechos derivaron en protestas que dejaron más de 50 muertos y llevaron al poder a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

El escenario electoral refleja así un país dividido, con alta desconfianza política y una ciudadanía que deberá definir su futuro en medio de tensiones sociales y una marcada fragmentación del voto.