El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, descartó este jueves cualquier posibilidad de que el país ingrese por la fuerza a la embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en esa sede diplomática.

Álvarez afirmó que esa opción es una “hipótesis negada” y remarcó que Perú respeta el derecho internacional y la inmunidad de las misiones diplomáticas.

No obstante, el primer ministro señaló que el gobierno denunciará a México ante instancias internacionales, al considerar que la administración de Claudia Sheinbaum interviene en asuntos internos peruanos.

Añadió que Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, no podrá salir del país sin un salvoconducto validado por la cancillería.

El gobierno del presidente interino José Jerí anunció que consultará con los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) una posible modificación de la Convención de Caracas, que regula el asilo diplomático, antes de decidir si otorga el salvoconducto.

Álvarez indicó que este proceso dependerá del tiempo que tome la OEA, el cual podría extenderse semanas o incluso meses. Confirmó además que el canciller Hugo de Zela expondrá ante el organismo regional lo que Perú considera una práctica reiterada de otorgar asilo a personas con procesos penales en curso.

Chávez estuvo en prisión preventiva desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024 por el caso de rebelión, en el que la fiscalía solicita una pena de 25 años. Recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional determinara que su detención fue arbitraria.

Hace dos semanas recibió asilo de México y permanece en la residencia del embajador.

La decisión de México de acoger a Chávez llevó al gobierno peruano a romper las ya debilitadas relaciones diplomáticas bilaterales, que se mantenían sin embajadores desde 2023, cuando México dejó de reconocer la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte tras la destitución de Castillo.