Un tribunal colombiano ordenó el martes dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras apela la condena a 12 años de prisión que recibió en un fallo sin precedentes en el país por soborno y fraude procesal.

Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, permanecía bajo el beneficio de prisión domiciliaria en una hacienda de su propiedad en el noroeste del país latinoamericano.

Sus abogados solicitaron su libertad mediante un mecanismo de amparo, alegando que en el fallo de primera instancia se vulneraron “los derechos de presunción de inocencia, libertad y debido proceso al ordenarse su detención”. El exmandatario no se ha expresado aún sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

A inicios de agosto, la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe Vélez al concluir que “instigó a un abogado para que ofreciera dádivas a testigos para que negaran los presuntos vínculos del expresidente con exparamilitares”. Sin embargo, lo absolvió por el presunto soborno a una exfiscal condenada por corrupción.

El fallo fue apelado por la defensa del exmandatario, quien siempre se ha declarado inocente, por lo que será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de decidir en segunda instancia.

El caso comenzó en 2012 cuando el senador de izquierda Iván Cepeda denunció en el Congreso los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares, los cuales siempre ha negado el expresidente, por lo que decidió demandar por difamación a Cepeda.

La Corte Suprema cerró en 2018 el caso contra Cepeda y abrió uno contra Uribe para investigar si el expresidente estaba intentando manipular testigos para que declararan a su favor.

Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso penal, dijo a la prensa que “respeta la decisión del tribunal que deja en libertad a Uribe, pero que no lo comparte. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra”.

Horas antes, una organización defensora de los derechos de los jueces en Colombia informó que pidió medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la jueza que condenó a Uribe, porque “ha sido amenazada de muerte”.