El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión por una jueza de Bogotá, tras ser hallado responsable de fraude procesal y soborno en un caso de manipulación de testigos.
La jueza Sandra Liliana Heredia también ordenó que Uribe cumpla arresto domiciliario, convirtiéndolo en el primer exmandatario condenado en la historia de Colombia.
Además de la pena de prisión, la sentencia impone una multa de 578 mil dólares y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el fallo, Uribe fue absuelto de un delito de soborno adicional.
Este proceso judicial, que lleva casi 13 años, ha generado gran división en el país: mientras sus seguidores denuncian persecución política, sus críticos exigen justicia. Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, mantiene su inocencia y su defensa anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La condena se conoce en medio del inicio de las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, donde varios aliados del exmandatario competirán por cargos públicos. El caso también podría afectar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, principal socio en la lucha contra el narcotráfico.
El fallo ha generado reacciones encontradas: el senador estadounidense Marco Rubio cuestionó la sentencia, mientras el presidente Gustavo Petro defendió la independencia judicial. Analistas advierten que podría influir en la ayuda estadounidense a Colombia.
El proceso se inició tras acusaciones de Uribe contra el senador Iván Cepeda por un supuesto complot para vincularlo con grupos paramilitares, acusación que fue desestimada por la justicia. En cambio, la Corte Suprema concluyó que Uribe presionó a testigos mediante terceros.
Uribe se suma así a una lista de exlíderes latinoamericanos que han enfrentado cargos penales. Durante su mandato, impulsó una ofensiva militar contra la guerrilla, parte del conflicto armado que dejó más de 450 mil muertos en Colombia.
El expresidente, fundador del partido derechista Centro Democrático, ya estuvo dos meses en arresto domiciliario en 2020 por riesgos de obstrucción a la justicia. Durante el juicio destacó su papel en extraditar a jefes paramilitares que continuaban delinquiendo desde prisión.
Los grupos paramilitares, surgidos en los años 80 para defender intereses económicos, fueron responsables de miles de asesinatos en el conflicto armado. Aunque muchos se desmovilizaron en 2005 con un proceso impulsado por Uribe, su legado sigue siendo un tema central en la justicia colombiana.
