El “zar fronterizo”, Tom Homan, aseguró que la administración del presidente Donald Trump está cumpliendo su promesa de desmantelar a los cárteles mexicanos, al afirmar que estas organizaciones criminales están enfrentando serias pérdidas económicas debido al reforzamiento de la seguridad en la frontera sur.

“Los cárteles están sufriendo, y el presidente Trump, con todos sus esfuerzos y su liderazgo, los borrará de la faz de la Tierra”, expresó el exfuncionario.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Homan destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores, las agencias de seguridad como la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora trabajan de manera coordinada para frenar el tráfico ilegal de personas, drogas y armas.

Según el funcionario, la caída de más del 50% en las incautaciones de fentanilo no se debe a una baja en la actividad criminal, sino al aumento en la vigilancia directa en la frontera.

“Todos los agentes están ahora en la línea, vigilantes, no cambiando pañales ni trasladando personas a hospitales”, afirmó.

Homan defendió el uso de órdenes ejecutivas por parte de Trump para reforzar la frontera, lo que, según él, ha llevado al país a tener “la frontera más segura de su historia” y a estar cerca de lograr un “control operativo total” sobre el ingreso ilegal.

También subrayó la importancia de aplicar estrictamente las leyes migratorias dentro del país para garantizar la seguridad nacional.

“No se puede tener seguridad nacional sin seguridad fronteriza, y no se puede tener seguridad fronteriza sin aplicación de la ley interior”, declaró.

En cuanto a la relación con México, evitó referirse a temas comerciales, pero recalcó que la seguridad fronteriza también favorece al país vecino al debilitar a los cárteles.

Homan indicó que la mayoría de las solicitudes de asilo son rechazadas y que no ejecutar las órdenes de deportación socavaría el sistema judicial migratorio.

Además, detalló que el 70% de los detenidos por ICE en las últimas 24 horas tenían antecedentes criminales, mientras que el resto eran personas con órdenes de deportación o identificadas como amenazas a la seguridad nacional.

Por último, criticó a las llamadas “ciudades santuario” por impedir a ICE actuar dentro de cárceles locales, lo que obliga a realizar arrestos en espacios públicos, poniendo en riesgo a más inmigrantes indocumentados.