Las autoridades de Tailandia han declarado la ley marcial en ocho distritos de las provincias fronterizas de Chanthaburi y Trat, debido al creciente conflicto armado con Camboya.

La medida se produce tras semanas de tensión en la zona del templo en disputa de Preah Vihear, que han derivado en enfrentamientos más intensos en los últimos días.

Según el gobierno tailandés, hasta el momento han muerto al menos 14 personas —13 civiles y un militar— como resultado de los combates.

"Si la situación continúa escalando, podría convertirse en una guerra, pero por ahora es sólo un conflicto armado", manifestó el primer ministro en funciones, Phumtham Wechayachai en un comunicado divulgado por su oficina este viernes.

"Estos ataques constituye una grave violación del derecho internacional y los principios humanitarios, ya que han ido dirigidos contra hospitales y zonas residenciales, lo que ha causado una inmensa pérdida de vidas y bienes, en lo que puede considerarse un crimen de guerra".

Los distritos afectados por la ley marcial son Mueang Chanthaburi, Tha Mai, Makham, Laem Singh, Kaeng Hang Maew, Na Yai Am y Khao Khitchakut, en la provincia de Chanthaburi, así como Khao Saming, en la provincia de Trat.

Más de 130.000 personas han sido evacuadas por el cruce de fuego de artillería en estas regiones.

En medio del conflicto, el Ejército tailandés reconoció el uso de municiones de racimo —prohibidas por tratados internacionales—, aunque aseguró que su uso está dirigido únicamente contra objetivos militares.

En respuesta, Camboya denunció el uso de estas armas contra templos y zonas civiles, lo que considera una grave violación del derecho internacional.

Tailandia aclaró que no está adherida a la Convención sobre Municiones de Racimo y afirmó que sus acciones militares se rigen por el principio de proporcionalidad.

"Las operaciones militares de Tailandia se rigen por el principio de proporcionalidad, según el cual las municiones en racimo se emplearán para mejorar la capacidad de destrucción explosiva únicamente contra objetivos militares", concluye el comunicado.

Sin embargo, expertos de Naciones Unidas advirtieron que este tipo de municiones representan un riesgo para la población civil, ya que pueden permanecer activas durante años.