La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que el Gobierno del presidente Donald Trump continúe con las deportaciones de inmigrantes a terceros países sin que estos puedan presentar pruebas de los riesgos que enfrentarían, una medida que refuerza su política de deportaciones masivas.

La decisión del alto tribunal revocó una orden previa que obligaba al Gobierno a otorgar a los inmigrantes enviados a “terceros países” una “oportunidad significativa” de demostrar el posible riesgo de ser torturados en su destino mientras se resolvía una demanda legal. Esta protección había sido ordenada por el juez de distrito Brian Murphy en Boston el pasado 18 de abril.

La resolución de la Corte no incluyó firma ni explicación, lo que es común en decisiones tomadas bajo procedimientos de emergencia.

En un duro disenso, la jueza Sonia Sotomayor, a la que se unieron los otros dos jueces liberales del tribunal, criticó la decisión de la mayoría, calificándola de “abuso flagrante” de la discrecionalidad del tribunal.

“Aparentemente, el tribunal considera que la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades correctivas al ordenar al Gobierno que proporcione la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió Sotomayor.

“Ese uso de la discrecionalidad es tan incomprensible como inexcusable”, agregó.

Después de que el Departamento de Seguridad Nacional tomó medidas en febrero para intensificar las deportaciones rápidas a terceros países, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda colectiva en nombre de un grupo de inmigrantes.

El objetivo de la demanda era frenar estas expulsiones sin previo aviso y sin permitir a los afectados presentar su caso.

El juez Murphy también había determinado en mayo que el Gobierno no cumplió con los procedimientos requeridos cuando intentó deportar a un grupo de inmigrantes a Sudán del Sur, país que describió como políticamente inestable “debido a la delincuencia, los secuestros y los conflictos armados”.

Como resultado de la intervención judicial, ese grupo de migrantes fue retenido en una base militar en Yibuti. De los pasajeros a bordo del vuelo, uno era originario de Sudán del Sur, mientras que los otros provenían de Cuba, México, Laos y Vietnam.