La fundación "El Amparo" anunció que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a altos mandos de su gobierno por la deportación de más de 200 venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador.

Estas personas son acusadas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, pero la ONG sostiene que no existen pruebas claras y que estas deportaciones fueron arbitrarias, informó este jueves Walter Márquez, presidente de la fundación.

Márquez explicó que presentarán el caso ante la CPI, con sede en La Haya, buscando responsabilizar a Bukele y a su cadena de mando por las detenciones sin proceso legal adecuado.

Además, pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger a los venezolanos deportados y exigirán la liberación inmediata de los migrantes.

Según Márquez, varios de los detenidos están recluidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot, donde han sufrido maltratos. Por ello, pidió que las autoridades salvadoreñas inicien una investigación de oficio.

La semana pasada, un grupo de familiares y activistas viajó a El Salvador con la intención de visitar a los venezolanos detenidos, pero no les fue permitido. Márquez denunció que los migrantes permanecen aislados, incomunicados y sin procesos judiciales claros, a pesar de no haber cometido delitos en el país.

El activista aclaró que ninguno de los deportados pertenece al Tren de Aragua y que, si existiera alguna acusación, esta debería haberse comprobado en Estados Unidos antes de la deportación. También mencionó que han presentado varios recursos legales (habeas corpus) para los migrantes, pero hasta ahora no han recibido respuestas.

En mayo, la ONU expresó su preocupación por la posible desaparición forzada de estos venezolanos en El Salvador, debido a la falta de información oficial sobre su paradero y situación legal.

Liz Throssell, portavoz de la ONU, señaló que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han divulgado listados oficiales de los detenidos, lo que genera incertidumbre sobre su situación jurídica.