El gobierno de Donald Trump está presionando a México para que investigue y procese a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, e incluso los extradite a Estados Unidos si existen cargos penales, según informó la agencia Reuters con base en fuentes cercanas al tema.
Las peticiones se han hecho al menos en tres ocasiones durante reuniones bilaterales, encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y funcionarios estadounidenses, quienes buscan que el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lance una ofensiva contundente contra la llamada narcocorrupción, incluso si eso implica actuar contra miembros de su propio partido, Morena.
Dos de las fuentes mencionaron que Washington ha amenazado con imponer aranceles si no se toman medidas concretas.
Las discusiones, que no habían sido reveladas anteriormente, ocurrieron inicialmente en una reunión en Washington el pasado 27 de febrero.
Participaron altos funcionarios de ambos países, incluyendo al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, la fiscal general estadounidense Pam Bondi, el fiscal general de México Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Estados Unidos también planteó otras demandas: acelerar la captura y deportación de personas buscadas por la DEA y el FBI, establecer un “zar del fentanilo” para coordinar esfuerzos con el gobierno de Sheinbaum, y reforzar los controles fronterizos de carga y pasajeros.
En respuesta a la presión, México extraditó a 29 miembros de cárteles a finales de febrero, una de las mayores entregas en años. Aun así, Washington insiste en investigar a figuras políticas activas.
Según dos fuentes, en las conversaciones se mencionaron a cinco funcionarios de Morena y a un exsenador, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien recientemente denunció en redes sociales que a ella y a su esposo se les revocaron las visas estadounidenses sin explicación.
Perseguir a políticos en funciones ha sido tradicionalmente un tema delicado en México. Aunque la Fiscalía General es autónoma, algunos sectores acusan que existe protección a políticos ligados al narcotráfico.
La experiencia previa con el caso del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en 2020, detenido en Estados Unidos y luego liberado, aún pesa en la relación bilateral.
Ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses han hecho comentarios oficiales sobre las reuniones ni sobre las investigaciones solicitadas.
