La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), dejando firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional”, dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, agrega.

Esta resolución ratifica la condena en segunda instancia por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, donde se asignaron 51 proyectos a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

El fallo debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia, lo que implica que Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días. Su defensa tiene la opción de solicitar prisión domiciliaria, debido a que la expresidenta tiene más de 70 años —cumplió 72 en febrero pasado.

La condena original, por administración fraudulenta, no fue ejecutada antes debido a los fueros que Fernández poseía como vicepresidenta y a la revisión pendiente en la Cámara de Casación Penal, que en noviembre de 2024 confirmó la sentencia.

Esta confirmación llega días después de que Fernández anunciara su candidatura para las elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Al haberse dictado la decisión antes del cierre oficial de candidaturas el 19 de julio, “la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra”.

En declaraciones previas al fallo, la expresidenta calificó a la Corte Suprema como “guardia pretoriana del poder económico” y denunció que “hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan libres” mientras que para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.

Además, definió este proceso como un caso de “lawfare”, es decir, persecución judicial y política.