La organización Human Rights Watch (HRW) ha solicitado investigaciones urgentes sobre dos recientes bombardeos en Yemen, atribuidos a Estados Unidos e Israel, que habrían causado numerosas víctimas civiles y afectado gravemente a infraestructuras esenciales para la población.
El 17 de abril, fuerzas estadounidenses atacaron el puerto de Hodeida, una infraestructura clave por donde ingresan el 70 % de los productos comerciales y el 80 % de la ayuda humanitaria que recibe el país.
El grupo Airwars calcula que el bombardeo causó la muerte de 84 civiles y dejó más de 150 heridos. Según HRW, el ataque no tenía justificación militar clara y muestra un grave desprecio por la vida de los civiles.
La organización también alertó del impacto devastador que la destrucción de este puerto tiene sobre el acceso a alimentos y agua en Yemen, donde millones de personas ya enfrentan una crisis humanitaria extrema.
HRW indicó que no hay pruebas de que el puerto se usara con fines militares y recordó que el derecho internacional prohíbe los ataques indiscriminados o desproporcionados contra bienes civiles.
Además, denunció la falta de transparencia del Gobierno estadounidense y las dificultades para obtener información debido a la represión de los hutíes en las zonas afectadas.
Por otro lado, HRW también denunció los ataques aéreos israelíes contra el Aeropuerto Internacional de Saná los días 6 y 28 de mayo, que destruyeron todos los aviones comerciales y causaron daños significativos a las instalaciones.
Aunque en el primer ataque hubo una advertencia previa que permitió evacuar el lugar, el segundo se realizó sin aviso claro, cuando había civiles en el aeropuerto, incluyendo peregrinos y personal humanitario, aunque no se reportaron víctimas.
Este aeropuerto es el único bajo control hutí y representa un vínculo esencial con el exterior para muchos yemeníes, especialmente para quienes requieren atención médica en el extranjero. Con su destrucción, se ha interrumpido el acceso a vuelos humanitarios y comerciales, afectando gravemente a la población civil.
HRW ha insistido en que tanto Estados Unidos como Israel deben rendir cuentas por estos actos y ha calificado los ataques como posibles crímenes de guerra, dada la aparente violación de las leyes del conflicto armado.
La organización ha exigido investigaciones independientes y compensaciones para las víctimas.
