La fiscal general de Israel, Gali Baharav Miara, lanzó duras críticas este lunes contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, acusándolo de aprovechar la guerra en la Franja de Gaza para impulsar leyes que amenazan la democracia del país, en especial la independencia del poder judicial.
Durante su intervención en la conferencia anual del Colegio de Abogados de Israel, Baharav Miara advirtió: "Hay un debilitamiento considerable de las instituciones democráticas. El daño continuo al poder judicial es particularmente peligroso".
Además, sostuvo que estas medidas promovidas por el Ejecutivo podrían “cambiar la imagen del país como una democracia con un sistema judicial independiente”.
"No es una advertencia hacia el futuro, sino una imagen de la realidad".
En la misma línea, el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, también expresó su preocupación por el rumbo institucional del país, describiendo al sistema democrático israelí como “delicado y frágil”.
“El Estado carece de herramientas que puedan equilibrar los poderes del gobierno”, ha resaltado, según han recogido varios medios israelíes.
Amit ha asegurado que “los intentos de socavar el principio de independencia judicial no tendrán éxito” pese a que la Justicia esté “bajo ataque”.
"El poder judicial se mantendrá firme ante los intentos de erosionar su poder".
En respuesta a estos señalamientos, el ministro de Justicia, Yariv Levin, defendió la postura del Gobierno argumentando que “lo que está bajo ataque es la soberanía de la gente”, según citó el diario The Times of Israel.
Estas declaraciones se producen luego de que el Parlamento israelí aprobara a finales de marzo una controvertida reforma judicial impulsada por Netanyahu.
Dicha reforma otorga al Ejecutivo mayor influencia en el nombramiento de jueces y limita el poder de los tribunales, lo que ha generado fuertes críticas.
Diversos sectores advierten que esta medida “politizará” el proceso judicial y debilitará la separación de poderes. La oposición, que se retiró de la votación como forma de protesta, ha prometido revocar la ley en el próximo gobierno.