EL MARCO ELECTORAL

El marco jurídico-electoral es actualmente incompleto, imperfecto e insuficiente para las condiciones en que se desenvuelve la política electoral. El país viene de un proceso de transición, no exento de conflictos, de reticencias que, sin embargo, ha permitido una transformación de nuestras instituciones. Ciertamente, los comicios no son perfectos y no funcionan como deberían hacerlo.

En el tránsito de la última década del siglo XX, se crearon instituciones y un marco jurídico prácticamente nuevo para poder regular la competencia electoral democrática, en particular como el nuestro que no estaba preparado para ello. Más aún: se carecía de los conductos institucionales para la competencia electoral, tal y como lo venía exigiendo la sociedad en general.

Dicha etapa significó, sin duda, un ejercicio político e intelectual de gran trascendencia que concluyó con la reforma electoral de 1996. Esta se construyó a través del diálogo y el debate en seminarios, foros y la prensa escrita. Con este universo se creó una nueva rama del derecho positivo en nuestro país. Y en forma paralela surgió un grupo de personas que practicaban y pensaban, como lo hacen hoy, sobre la materia electoral.

Hace 15 años, bastaba con leer el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) -que apenas entraba en vigor- y ante cualquier duda que surgiera de la lectura del mismo uno podía recurrir al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), que tenía una tradición de ejercicio en la materia. Hoy en día no. Las resoluciones electorales, las decisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) y acuerdos del IFE y de las instituciones electorales en las 32 entidades federativas del país, han creado un laberinto, un enorme conjunto de decisiones de interpretaciones y definiciones, que prácticamente son inéditas. En línea paralela, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, nos ha colocado contra la pared en la misma materia. La infinita carretera de la información que implica el Internet y las redes sociales, están sin regulación alguna. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por ejemplo, administrará un proceso electoral de sucesión en la gubernatura de la entidad, en dónde se carece de un referente jurídico-electoral en la materia.

LAS NUEVAS CONDICIONES EN MATERIA ELECTORAL

El poder conocer la materia electoral requiere, hoy en día, de un ejercicio que rebasa no sólo a una persona involucrada en estos procesos sino a las propias instituciones. De ahí que no necesariamente las instituciones en materia electoral han –a lo largo de estos años- mantenido una posición consistente, congruente con sus propias decisiones e interpretaciones. Y sin embargo, el debate y la reflexión académica e intelectual –que le dio origen- se ha perdido en gran medida o, al menos, se ha rezagado.

La materia electoral ha adquirido, en este contexto, un grado de detalle en cuanto a minuciosidad y tecnicismos que rebasan la lógica democrática que dio lugar –en su origen- a un marco jurídico general para poder competir en las elecciones. A final de cuentas, los resultados de las elecciones son lo que importa. Y estos mismos resultados de los comicios en países con democracias desarrolladas y consolidadas, rara vez o excepcionalmente, se llevan a tribunales o instancias administrativas para su validación. En realidad, en procesos funcionales, democráticos, los resultados electorales, la asignación de puestos de elección popular, son producto de procesos mucho más simples de los que tenemos en México.

En las democracias, los resultados electorales, la validación administrativa o incluso judicial, resultan –en la mayor parte de los casos- un asunto rutinario. En México, sin embargo, los procesos electorales han tomado una ruta más compleja, más rústica y ello ha derivado en un escenario de judialización. La materia electoral se ha judicializado en grados extremos y prácticamente cualquier decisión, ya sea de un partido político, de un candidato, la competencia interna por la dirigencia de un partido político, o la asignación de cargos de elección popular en los Congresos, ha derivado en un asunto técnico.

Una elección competida, cerrada, que se resuelva en términos del ganador por un solo voto no debería preocuparnos. A final de cuentas esa es la regla general de cualquier democracia. Quien obtiene un voto más que su contrincante, es el ganador. Y con ello goza de toda la autoridad que la ley y la democracia le puede otorgar. Sabemos, sin embargo, que esto no es precisamente cierto en nuestro país. Justamente por el marco de la competencia, y cómo ha evolucionado en los últimos años, aún cuando parecía que el marco jurídico parecía prever cualquier eventualidad, corregir los vicios históricos, crear las instituciones para atender todos aquellos aspectos que eran considerados desafíos para una democracia transparente, nos damos cuenta que sigue siendo insuficiente. Las interrogantes, entonces, vienen en cascada: ¿Nos anticipamos, legislativamente, a la naturaleza de nuestros procesos electorales? ¿Profundizamos en la discusión pública sobre nuestro marco jurídico-electoral? Ese es el punto, de cara a las elecciones presidenciales del 2012.

La anterior, fue parte de mi reflexión en la presentación del número de lanzamiento de “Última Instancia, Revista de Estudios Jurídicos Electorales”, conjuntamente con personalidades del mundo jurídico como Gerardo Laveaga, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), José Luis Vargas Valdez, Fiscal Especializado para la Atención de los Delitos Electoralorales (FEPADE) y Juan Luis González Alcántara, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), y cuyo evento tuvo verificativo en las instalaciones del propio INACIPE.

ALREDEDOR DEL PAIS

EDUCACION Y ARTE.- En 1986, con el nombre de Asociación Carso A.C., el empresario Carlos Slim Helú dio vida a uno de las asociaciones civiles más importante del país. Con el paso del tiempo su denominación social ha cambiado. Es lo de menos. Lo trascendente, radica en el compromiso social que ha cumplido a lo largo de este periodo: articular una serie de proyectos sin afanes de lucro, vinculados con la educación, la ciencia, la salud, el arte y el desarrollo personal y colectivo, a través de la aportación de recursos humanos y económicos para la gente de a pie. En medio de la discusión pública sobre las telecomunicaciones, resaltan el programa educativo-tecnológico y el proyecto Soumaya, con un valor agregado al colectivo social.