Una planta de aguas residuales con un valor de 6 millones de pesos, sólo para ubicar a nuestros lectores, sirve para tratar 15 litros por segundo aproximadamente; es una obra menor si se toma en cuenta la magnitud de las plantas recién inauguradas en Morelos como El Rayo en Temixco por 33 millones, La Gachupina en Jiutepec por 35 millones y la de Acapantzingo, en Cuernavaca, por 195 millones, de un total de 635 millones de recursos que se han ejercido desde que arrancó la actual administración en este rubro.
El procedimiento para la adjudicación de estas obras, además de llevarse a cabo con la presencia de los representantes de cada empresa, con la participación de la autoridad, en este caso CEAMA, y la Contraloría Interna, normalmente satisface las exigencias de los concursantes por tratarse de una licitación pública nacional.
Entre quienes compiten no sólo se conocen y respetan, sino son participantes en múltiples licitaciones en todo el país. Entre ellos, hay leyes no escritas de respeto mutuo; lo que no se gana en la mesa abierta, no se discute en tribunales.
Llama la atención que sea el entonces comisario público de la CEAMA quien haya actuado y generado la polémica sobre un dictamen que según nuestro entrevistado, en ese entonces ejecutivo de la empresa EMESA, de quien por razones profesionales conservamos su anonimato, cumplió con lo estipulado en la norma.
La obra en cuestión, es preciso dejarlo claro, está terminada.
Extraña también que el entonces presidente municipal Irineo Jaime González Tlacoltla y su regidor de Obras Públicas, Isaac García Ríos, al conocer el fallo a favor de EMESA, generaron un movimiento contrario que impidió el inicio de la obra hasta después de un año. Su única exigencia era que la obra se llevara a cabo por ODIS ASVERSA. Nos peguntamos, ¿qué conocimiento técnico, válido, puede tener por sobre la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente un alcalde o un regidor para determinar después de un proceso nacional público y abierto, la adjudicación de una obra?
Una vez determinada la empresa, nos recuerda el ex ejecutivo de EMESA que los pobladores de la zona, engañados por los servidores públicos municipales, lograron postergar el comienzo de obra un año. EMESA se vio obligada a detallar los privilegios y la experiencia de esta empresa en el ramo. Hoy es patente la obra, “se puede visitar y verificar”, nos invita.
Llama la atención que en las últimas licitaciones, desde 2010, ODIS ASVERSA ya no ha participado en Morelos. EMESA y SICTA, como lo planteamos en este artículo, continúan en la búsqueda de obra y en la competencia profesional.
Valdría la pena, y ahora más que nunca, ubicar y cuestionar a los entonces funcionarios municipales para cuestionarles del porqué de su insistencia a favor de una empresa, sin importar cuál fuere, cuando se supone que lo único que debe importar es que los recursos federales y estatales se apliquen de la mejor manera y de forma transparente.
