El panteón se ubica en los terrenos de un vecino, el cual no cuenta con las autorizaciones necesarias para utilizarlos para sepultar cadáveres, pues tanto el Ayuntamiento de Cuautla y el Registro Civil se han deslindado de su funcionamiento.

En ese lugar se excavó una fosa común, sin la autorización del Ayuntamiento de Cuautla, del Registro Civil y sin los permisos sanitarios correspondientes.

Se trata de 150 cuerpos de personas hasta ahora desconocidas, que se habían acumulado en las cámaras frigoríficas de los servicios periciales de la zona metropolitana y de la región oriente.

Lo anterior, fue denunciado por familiares del comerciante Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, cuyo cuerpo fue sepultado con 149 cadáveres, a pesar de que éste ya estaba identificado mediante pruebas genéticas. El cuerpo de Navarrete Hernández fue retenido por la entonces subprocuradora Liliana Guevara, supuestamente para judicializar la carpeta de investigación, denunció la madre de la víctima María Concepción Hernández.

“Posteriormente, la carpeta se la llevan a Cuernavaca, la tenía el licenciado Rodrigo Dorantes en ese entonces el fiscal, se la turnan a la licenciada Adriana Pineda junto con el licenciado Christian Bisuet. Dos o tres veces por semana yo iba a que se me diera información sobre las investigaciones que se iban realizando, a su vez yo preguntaba que pasaba con mi hijo Oliver, a lo que ellos siempre me contestaban que estaba aquí en el Semefo de Cuautla”, señala.

Navarrete Hernández fue privado de su libertad el 23 de mayo del 2013 y su cuerpo encontrado un mes después en el barranco “Los Papayos” en el municipio de Cuautla, pero no fue sino hasta un año y medio después que fue entregado a sus familiares, después de fuertes presiones.

“Cuando se va a hacer la exhumación nos damos cuenta de que había 149 cuerpos más que inhumaron el día 28 de marzo y que ninguno cuenta con los papeles necesarios para poder realizar esas inhumaciones. En el caso especial de Oliver, había ya una prueba de genética donde estaba plenamente identificado, estaban las pruebas de dactiloscopia por parte de la fiscalía y aun así me lo llevaron a una fosa común. Ahorita lo que estamos haciendo es buscar la verdad, que se esclarezcan los hechos, que paguen los culpables quienes tengan que pagar y lo he dicho como madre, yo ya tengo a Oliver, pero sí pido justicia, que se esclarezca la verdad, además de los 149 cuerpos que hay ahí”, agrega.

Los delitos que se configuran con estas irregularidades son contra la dignidad de los cadáveres, el ejercicio indebido del servicio público y delitos cometidos contra la administración de justicia. Sin embargo, al presumir que los imputados son funcionarios de la misma fiscalía, la investigación ha sido obstaculizada.

En la más reciente audiencia, la juez oral Gabriela Acosta Ortega emplazó al fiscal Javier Pérez Durón, para que a más tardar en diciembre, informe de manera completa sobre el proceso de inhumación de Oliver Navarrete Hernández.