Cuautla.-  Ante la intoxicación de numerosos estudiantes de la Secundaria Antonio Caso de Cuautla, los directivos del plantel acordaron con el Ayuntamiento de Cuautla, pedir el apoyo de los tres niveles de gobierno para investigar a fondo el origen de este incidente, debido a que no es la primera vez que se presenta la intoxicación de los estudiantes por gases desconocidos.

En conferencia de prensa, el director de la Benemérita Secundaria Antonio Caso, Marco Aurelio Mares Caspeta, junto con sus maestros y los integrantes del Comité de Padres de Familia, señaló que esta es la sexta ocasión en que se presenta un caso de intoxicación entre la población estudiantil, lo que es motivo de preocupación, por lo que exigieron se investigue y se castigue a los responsables de la afectación a la salud de los estudiantes.

El director recordó que el miércoles a las 11 de la mañana con 24 minutos, se reportó  un olor a gas, por lo se procedió a activar el protocolo que ha establecido la institución educativa para casos de emergencia, aunque se actuó con rapidez, resultaron afectados 23 alumnos, cuatro trabajadores, un taxista, y otro alumno que se encuentra hospitalizado por su estado de salud.

Mares Caspeta señaló que la información preliminar de los cuerpos de emergencias, apuntan a que los gases tóxicos se derivaron de una fumigación externa de los árboles, ubicados en la esquina donde se encuentra un sitio de taxis por parte de una empresa particular, sin embargo es necesario que personal especializado compruebe las versiones.

"Lamentablemente es la sexta ocasión por la cual se evacua la escuela por gases tóxicos, hacemos el llamado a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para realizar una investigación a fondo para que no vuelva a suceder, ya que esto pone en riesgo la salud y la vida de la comunidad escolar", indicó el director.

Más tarde, se reunieron con el presidente municipal Raúl Tadeo Nava, quien manifestó la necesidad de solucionar ese problema de fondo, debido a que es una situación recurrente que pone en riesgo a la población estudiantil y a los maestros, por lo que se estableció una ruta crítica para iniciar las gestiones para que sea el gobierno federal el que encabece las investigaciones.