Trabajadores del ayuntamiento de Ayala, mediante la publicación de un oficio, confirmaron que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, investiga a integrantes del cabildo por el presunto desvío de recursos públicos del programa “Vivienda Digna” que impulsa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La investigación se realiza a la administración municipal, periodo en el que fungió como presidente municipal José Manuel Tablas Pimentel, pues de acuerdo a las primeras investigaciones, funcionarios de primer nivel y los regidores se quedaron con al menos 45 viviendas, de 110 que estaban destinadas a familias en condiciones de pobreza.

Por este motivo, el programa de Vivienda Digna se suspendió en el municipio de Ayala durante el ejercicio fiscal de 2014 y 2015, al ponerse al descubierto las irregularidades en el manejo de recursos federales durante el 2013.

Las fuentes del Ayuntamiento señalan que desde el 11 de febrero de este año la PGR emitió el oficio UEIDCSPCAJ/FECCSPF/206/2015, dirigido al presidente municipal de Ayala, en donde le solicita documentos de la toma de protesta y nombramientos de quienes fungen como presidente municipal, sindico y tesorero. Así como del acta de la sesión de cabildo extraordinaria del 31 de enero del 2013, relativa a la autorización de recursos para el Programa “Vivienda Digna”, como parte de las investigaciones.

Señalan al director de Gobernación y a la secretaria general, como unos de los funcionarios que acapararon las viviendas destinadas a familias humildes y el resto se distribuyó entre los regidores.