Con una hora de retraso, únicamente se presentaron trabajadores menores del departamento jurídico del gobierno rstatal, para decirles que no había ninguna propuesta por parte del Ejecutivo estatal para el cumplimiento de dicha ley. El encuentro duró escasamente 20 minutos, en el que los funcionarios negaron más información.

Antes de la reunión, los enviados pusieron como condición para llevarla a cabo que no hubiera representantes de los medios de comunicación y que el asesor jurídico de los zapatistas saliera del lugar, para no dar lugar a reclamos o a debates.

Los empleados menores del jurídico informaron a los descendientes zapatistas, que debido a que varios de ellos habían iniciado procedimientos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y otros recurrieron al amparo, todo quedaría en manos de los tribunales.

Ante la prepotencia de los enviados y la falta de diálogo, los representantes del Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur no descartaron iniciar movilizaciones durante la ceremonia luctuosa del próximo 10 de abril.

Cabe destacar que en el 2012 entró en vigor la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas, mediante la cual se obliga al Ejecutivo estatal entregar una pensión vitalicia de mil 800 pesos a todo aquel descendiente de los revolucionarios, quienes acompañaron al general Emiliano Zapata Salazar durante la revolución mexicana.

Aun y cuando se han realizado los procedimientos de validación por parte de la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, a la fecha sigue sin cumplirse los ordenamientos de dicha ley, denunciaron.