Por lo anterior, se preparan acciones legales con la intención de exigir al ayuntamiento el cumplimiento del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválida una parte del artículo 25 de dicha ley, porque se permitía que particulares realizaran la inmovilización de vehículos y el cobro de sanciones.

Los inconformes señalan que aún y cuando existe el ordenamiento para corregir esa ilegalidad, las autoridades municipales no han corregido el Reglamento de Tránsito, ni el de parquímetros; por lo que los agentes de tránsito que ahora retienen las placas, incurren en responsabilidades penales.

Destacan que el ayuntamiento justificó la corrección de la ley rechazada mediante una modificación que de la nada, crea la figura de inspector verificador, con lo que le vuelve a asignar a la empresa Parking Spot la facultad de sancionar a los automovilistas. “Se mandó una Ley de Ingresos con muchas carencias, los diputados aún así la publicaron en el periódico oficial el 20 de diciembre en la tercera sección, sabemos que viene con errores de ahí que los ciudadanos vamos a volver a ampararnos y queremos hacer lo pertinente para que se hagan las cosas correctamente”, señaló César Salazar, integrante del grupo ciudadano.

Dijo que se ha tenido comunicación con el grupo de regidores que se oponen a las arbitrariedades de los parquímetros, a quienes se les ha hecho ver las nuevas irregularidades plasmadas en la Ley de Ingresos, “nuevamente le vuelven a hacer un nombramiento de verificador, no hay ese nombramiento en el reglamento, de dónde sacan nombramientos y otras situaciones dándole oportunidad a Parking Spot de que pueda hacer lo que quiera”, insiste.

Agregó que el cuerpo edilicio debe reunirse y convocar a mesas de trabajo para modificar las exageradas multas que propuso Parking Spot, y que habían sido aprobadas por el Congreso el año pasado; pues estas son desproporcionadas que lastiman a los ciudadanos en su economía y su libre tránsito.